En una nota conjunta, las tres entidades han explicado que este documento se abordará en la reunión que mañana lunes, día 6, mantendrán sus responsables con el presidente regional.

En el encuentro con Monago tomarán parte el secretario general de UGT de Extremadura, Francisco Capilla; el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero; y el presidente de la CREEX, Antonio Masa.

“Se trata -se explica- de una propuesta base de los máximos representantes a nivel económico y social de la región para contribuir a resolver los dificilísimos problemas con los que se enfrenta Extremadura y para respaldar una actuación política decidida en defensa de los intereses de la Comunidad”.

Se agrega que el deterioro del tejido productivo extremeño y los niveles de paro “son tan alarmantes que se está llegando a un punto en el que no sólo se está condenando a la región a soportar de una manera especialmente dura las consecuencias de la crisis sino que se está comprometiendo el futuro de Extremadura, pudiendo volver a la situación de atraso y aislamiento que sufrió en el pasado”.

Aún así, se continúa, CREEX, UGT y CCOO quieren trasladar con sus propuestas “una señal inequívoca y un mensaje decidido de confianza a la ciudadanía extremeña en las posibilidades de la región y que refleje el compromiso y la responsabilidad de los agentes económicos y sociales”.

Las propuestas que se incluyen en este documento se articulan en siete ejes, seis de carácter eminentemente del ámbito extremeño y el séptimo que promueve la configuración de un frente común extremeño para reclamar al Gobierno central y a su presidente, Mariano Rajoy, “que apoye a la región manteniendo las inversiones previstas y no bloqueando las iniciativas industriales que se están fraguando, como es el caso de las energías renovables o el proyecto de Refinería”.

En materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, se demanda la continuidad de las inversiones en el tramo extremeño del AVE en los plazos previstos, el desarrollo del Eje 16 para el tráfico de mercancías, la reapertura del línea Ruta de la Plata, la mejora del ferrocarril convencional y avances en autovía Extremadura-Valencia.

Se emplaza además al Gobierno central a “tener muy presentes” los intereses extremeños en la negociación de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), a cumplir con la ampliación de la zona de regadíos en el Guadiana y a articular una regulación en la política precios en la cadena de comercialización de los productos agrarios que evite la falta de beneficios a los productores.

En el terreno energético se pone un gran énfasis por su fuerte impacto en el empleo.

Por un lado, a juicio de estas entidades, es necesario resolver el problema creado con la suspensión decidida por el Gobierno de Rajoy de las primas a las energías renovables, lo cual prácticamente hace inviables muchos proyectos en Extremadura.

Por el otro lado, se insta al Gobierno a un pronunciamiento inmediato sobre la puesta en marcha del proyecto de refinería por su importancia como elemento tractor y revulsivo de la economía extremeña, en particular en términos de creación de puestos de trabajo.

El documento también recoge la reclamación al Gobierno de España de la financiación de un Plan Especial de Empleo para toda la legislatura que apoye al Plan Regional de Empleo, Empresas y Emprendedores y esté especialmente orientado hacía las personas jóvenes y los parados de larga duración.

Por último, se urge a cumplir la disposición del Estatuto de Autonomía sobre el pago de la Deuda Histórica a Extremadura. Para ello, se reivindica la constitución de forma perentoria de la Comisión Mixta que ha de articular como incluir en los Presupuestos del Estado esta cuestión.

“Para hacer efectivas todas estas propuestas, el Gobierno de Extremadura debe dirigirse al Gobierno de España empezando por la Presidencia del Gobierno y posteriormente con los distintos Ministerios para trasladar este conjunto de propuestas y necesidades”, se añade. EFE

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Chacón ha hecho estas declaraciones esta tarde-noche en Cáceres, donde ha comparecido ante los 49 delegados del PSOE de Extremadura que el sábado votarán en el congreso federal del partido, un acto al que también han asistido militantes y simpatizantes, y en el que también ha estado presente el secretario regional, Guillermo Fernández Vara.

Ha explicado que los líderes populares “llegan con engaños” a los diferentes gobiernos, sobre lo que se ha referido a varios presidentes autonómicos de este partido, entre ellos el extremeño José Antonio Monago.

En cuanto al contexto nacional, la dirigente socialista ha señalado que desde que el PP gobierna hay “más impuestos y menos derechos” y que ya sabe quién “guía” al PP, la canciller alemana, Ángela Merkel, y cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco.

Ha dicho que el no ha establecido “ni una sola medida contra el paro” mientras que sí ha impuesto su “moral y su doctrina” en educación a través de la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha dicho.

En su opinión, la asignatura no se elimina para mejorar la educación sino porque en ella “se enseña sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres en este país, porque en esa asignatura se les dice a los niños y niñas que puede amar a quien quieran y que pueden casarse con quien quiera”.

Ha señalado también que Educación para la Ciudadanía se elimina porque “situaba a todas las religiones en el mismo lugar de respeto”.

En su intervención, ha recriminado al Ejecutivo del presidente, Mariano Rajoy, que, en su opinión, haya puesto sobre la mesa medidas para “recortar derechos de las mujeres y acabar con la ley de plazos de interrupción del embarazo”.

“Significa no solo alejarnos de Europa sino también hacernos retroceder a las mujeres un cuarto de siglo en España”, ha declarado Chacón, que ha insistido en la necesidad de levantar el PSOE “para no dar ni un paso atrás”.

En este sentido, ha afirmado que “otra vez se vuelve a hablar de penas de cárcel para las mujeres que toman la dolorosísima decisión de tener que interrumpir su embarazo”.

En materia económica, ha señalado que, “en apenas 15 días”, se le ha caído la “careta” al PP, en referencia a la salida de la crisis y la creación de empleo.

Según ha apuntado, el propio Banco de España ha señalado que si continúan las “recetas de la derecha europa” y las que aplica Mariano Rajoy, “se van a vivir dos años duros de recesión” ante los que habrá que adoptar nuevos ajustes.

“Nos meten en un círculo vicioso que está estrangulando el crecimiento en España, la actividad económica, la posibilidad de liquidez a nuestras empresas y familias”, ha asegurado Chacón. EFE

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Así se ha pronunciado hoy el presidente de esta asociación, Juan Carlos Cotallo, tras el encuentro mantenido por el colectivo empresarial con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano.

A preguntas de los periodistas, Cotallo ha criticado el decreto del Gobierno central que suspende temporalmente las primas a las nuevas instalaciones de energía renovables y ha denunciado que “muchas multinacionales al final acaban teniendo más poder que nadie”.

Tras precisar que le consta que el presidente de la Junta, José Antonio Monago, “va a pelear” para que Extremadura tenga un tratamiento especial que permita el desarrollo de esta sector energético, ha destacado que si se frenan las potencialidades de la región en esta materia, habrá que “volver a empezar” en el diseño de una nueva estrategia de futuro para la región.

En ese sentido, ha especificado que la energía renovable es “es una de las poquitas cosas en las que Extremadura sí tiene mucho que ofrecer”.

Los representantes de Iniciativa+1 han expuesto a Fernando Manzano sus 38 propuestas para el desarrollo de la región en los ámbitos de la educación, sector público, sistema financiero, internacionalización, ordenación del territorio, turismo y políticas energéticas.

Juan Carlos Cotallo ha recordado que uno de los principales objetivos de esta asociación sin ánimo de lucro es concienciar a la sociedad civil de la necesidad de que se implique en el desarrollo y en el futuro de la comunidad autónoma.

Con respecto a las propuestas presentadas, Cotallo ha insistido en que es “absolutamente imprescindible” el adelgazamiento del sector público, ya que “la economía real no puede soportar su coste” y, además, “no es productivo”.

De igual forma, ha considerado esencial la puesta en marcha de políticas económicas que permitan fijar e incluso hacer crecer la población de Extremadura.

Por su parte, Fernando Manzano ha brindado la posibilidad a Iniciativa+1 de celebrar una reunión conjunta en el Parlamento, con la Mesa de la Cámara y con representantes de los distintos grupos parlamentarios, para que la asociación empresarial exponga sus propuestas en la Asamblea de Extremadura.

Manzano ha valorado la importancia de que exista este colectivo de profesionales y empresarios “muy vinculados y muy comprometidos” con la región y ha recalcado la necesidad de que cuenten con el apoyo de la administración para desarrollar sus iniciativas. EFE.

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Las conclusiones de un informe del 2010 elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EANP), que utiliza un indicador europeo, encienden todas las alarmas. En solo doce meses, de 2009 a 2010, 40.000 extremeños más se encuentran en situación o riesgo de pobreza y exclusión y casi otros 40.000 se han incorporado a la lista de personas con escasas o nulas posibilidades de consumo –lo que el informe define como Privación Material Severa–. Ya son más de 50.000 los extremeños cuyos recursos no le permiten pagar el alquiler o una letra, afrontar gastos imprevistos, comer carnes o pescados al menos tres veces por semana, tener un televisor o un teléfono,…

Los pobres cada vez son más pobres. “Y todavía la situación será peor a lo largo de este año”, advierte el presidente de la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura, José Manuel López. El también director de Cáritas en la diócesis de Coria-Cáceres asegura que la crisis está haciendo una gran mella en Extremadura, donde el PIB es inferior al resto de regiones, los salarios más precarios y donde ya se contabilizan más de 141.000 parados –53.000 desde hace más de un año–.

A estos desempleados se suman familiares y personas de su entorno, la precariedad laboral, los mayores con pensiones más bajas, personas desahuciadas, menores acogidos bajo tutela pública, personas con discapacidad, conductas adictivas o problemas de salud crónica, … nuevo perfiles que elevan los niveles de pobreza y exclusión a números más que “preocupantes”.

El informe recuerda que la mayor parte de las políticas sociales están transferida a las comunidades autónomas y cada una tiene resultados dispares. Antes que Extremadura, que registra la peor tasa del país y la segunda mayor subida en un año, se encuentra Canarias, con un índice seis puntos inferior al extremeño, del 35,3%. En el lado opuesto a la región está Navarra y País Vasco, con solo un 9,7% y un 12,6% de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión, cuatro veces menos que Extremadura. En comparación con el 2009, la proporción de pobreza o exclusión social sobre el total de población sólo baja en Galicia, Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla. En el conjunto nacional el incremento es de más de un millón de nuevos pobres .

INDICADORES ¿Cómo se mide este drama? La calificación de pobreza como posición económica relativa con respecto a la media de ingresos del país y el tamaño de la unidad familiar se aplica en España, a hogares con ingresos inferiores a 7.980 euros al año, incluidas las transferencias sociales (datos de 2009).

El indicador europeo utilizado en este informe además de la renta, agrupa otros dos factores para determinar la tasa de pobreza: las posibilidades de consumo (Privación Material Severa) y la intensidad de trabajo por hogar, esto es la relación entre el número de personas que trabajan en una casa y el de las que están en edad de trabajar. En Extremadura, según los datos del 2010, hay 114.000 personas con muy baja o nula intensidad de empleo, esto es, con un solo trabajador en casa con pocas horas de retribución o con ningún miembro empleado. En el 2009 eran poco más de 75.000.

Por el nivel de renta se especifican dos tipos de pobreza, la moderada o relativa (un 60% de la media de ingresos del país) y la severa (un 40%), que ha crecido casi un 4% de 2009 a 2010. La prueba está en que a los comedores sociales acude gente que no había ido nunca, como señala sor Ana Teresa Franco, la supervisora de las Hijas de Caridad de Cáceres, que disponen del único comedor social de la ciudad. “Ahora viene gente de clase media que nunca te podías pensar que necesitara ayuda para comer”, apunta.

A este centro acuden cada día medio centenar de personas, “antes venían menos, pero la crisis ha sido crucial”. Es la causa fundamental que arguye también el presidente de EAPN Extremadura, compuesta por 14 organizaciones de ámbito regional, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja, FEAPS o Secretariado Gitano, entre otras. “Como dice la teoría economía, para crecer hay que hacerse antes pequeño, y eso nos va a costar muy caro a los extremeños”, señala López. El impacto de la crisis también se ha hecho evidente en las organizaciones sociales que atienden a la pobreza y es previsible que se siga agravando cuando más personas lo necesitan.

La organización, sin ánimo de lucro, segura que es necesario acometer “una profunda transformación de las políticas sociales” para combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como poner en marcha una estrategia “que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades”. Solo desde el cambio se podrá llegar a cumplir el objetivo comprometido por las autoridades españolas: sacar de la lista de la pobreza y exclusión social a 1,5 millones de personas en un decenio. Un objetivo que lejos de hacer camino hacia la meta, está tomando la dirección contraria.

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La fiesta se acabó con la coronación de José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura, que se estrenó en el cargo eliminando la mochila de privilegios de los antiguos trabajadores públicos. Tampoco hay dinero ya para mantener los 1.623 coches oficiales, el 5% de todos los vehículos oficiales que circulan por España. El nuevo ejecutivo se comprometió en El Confidencial a reducir este parque móvil hasta los 200. Ahora solo disponen de coche oficial los miembros del Consejo de gobierno. Atrás quedaron ya excesos como el de la ex consejera de Economía, Dolores Aguilar, que adquirió en noviembre de 2008 un lujoso Lexus valorado en 68.000 euros que tuvo que devolver y pedir disculpas por el revuelo que ocasionó.

Una de las aspiraciones de Monago es descongestionar el personal de la propia Junta de Extremadura, que cuenta con el servicio de funcionarios más alto de España: una de cada tres personas activas de empleo es funcionaria. Monago está estudiando la situación del sector público en Extremadura para reducirlo y no plantee competencia a la iniciativa privada, que es lo que se pretende incentivar en la región.

En ciernes está todavía cómo reducir el gasto de alquileres de locales para dependencias de la Junta, que suponen un coste de 150.000 euros mensuales. También quiere reducir los sueldos del personal directivo de las empresas públicas, que en algunos casos superan a los de los consejeros. Varios altos directivos de empresas públicas se embolsan 80.000 euros brutos anuales y otras 21 personas se adjudican 65.000 euros.

Una de las prioridades con las que el presidente se ‘vendió’ ante los extremeños en la campaña electoral fue “adelgazar” el sector público. En menos de un mes en el cargo, redujo de once a siete consejerías; de 40 a 28 los directores generales; de ocho a dos los gerentes territoriales del SES, eliminó los dos delegados de la Junta en Cáceres y Badajoz y cerró las dos oficinas del presidente en las dos capitales de provincia. Unas medidas con las que conseguirá meter en la hucha cuatro millones de euros. Todavía falta por ver qué hacer con el canal público autonómico, que en un año se comió 36 millones de euros, a pesar de que el anterior Ejecutivo prometió no invertir más de 9 millones.

3,5 millones para reuniones, conferencias y atención protocolaria

En el plan de adelgazamiento del PP regional estiman que se ahorrarán entre 100 y 200 millones de euros unificando la gestión de compras y los centros de procesos de datos en uno solo. Hasta ahora, cada consejería tenía el suyo. Se acabó el despilfarro en publicidad y propaganda, en estudios y gastos jurídicos externos, los de representación y dietas de viaje. Tanto Rodríguez Ibarra como Fernández Vara se habían acostumbrado a un tren de vida demasiado alto para una región de poco más de un millón de habitantes. El resultado ha sido una herencia deuda de 2.600 millones de euros, el 2,7% del PIB. En 2010, la Junta gastaba cada día del año 186.700 euros en gastos de publicidad y propaganda. Una cifra a la que hay que sumar 3,5 millones de euros anuales que se destinaron a reuniones, conferencias y atenciones protocolarias.  

Ya solo queda el rastro de lo que fue las secretarías de Extremadura en el Mundo, la de Estudios para laPaz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, cuya asesora regional, Victoria López, se embolsaba 51.000 euros anuales. Todas han quedado incluidas e un solo departamento que se ocupará de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea.

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En toda España, la deuda del Sistema Nacional de Salud (SNS) es de 6.369,3 millones de euros, un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010 cuando la deuda superaba los 4.684 millones de euros, informa Farmaindustria.

En cuanto a la demora media en el pago, cabe destacar que a finales de 2011 en los hospitales públicos de la región estaba en 161 días de media, una espera muy inferior a la del conjunto nacional, donde está en 525 días.

Los datos, que ha compilado la patronal farmacéutica dentro de la monitorización trimestral con fecha a 31 de diciembre, muestran además que la demora media de pago es de 525 días, aunque pero cuatro comunidades autónomas superan los 800 días.

“El importante aumento de la deuda (36%) contrasta con el estancamiento de las ventas a hospitales (1,1%) en 2011, de lo que se deduce que el aumento de la demora se debe a la dramática caída de los pagos por parte de las comunidades autónomas y no a nuevas compras”, advierten.

Farmaindustria pide que esta situación no se prolongue por más tiempo y advierten de que las consecuencias de esta situación “son verdaderamente dramáticas”, ya que las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando y puede llegar a estar en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad. Además, entienden que “la imagen internacional de España se está desmoronando al no hacer frente a estos pagos”

Ante esta coyuntura la patronal farmacéutica ya le ha hecho llegar al Gobieno central y a las comunidades autónomas con mayores demoras la necesidades del sector. Asimismo, manifiesta su interés por colaborar con las administraciones en la articulación de una solución que suponga normalizar el pago de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de la deuda. Asimismo, con  el necesario establecimiento de una fórmula que permita hacer frente a un plan de pagos de la deuda acumulada hasta la fecha con las suficientes garantías.

DEUDA SUPERIOR A 1.000 MILLONES

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor nivel de deuda (1.523,7 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (1.292,5 millones), Madrid (762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones). Les siguen Castilla-La Mancha (408,2 millones), Murcia (265,1 millones), Galicia (264,7 millones), Cataluña (252,3 millones), Baleares (216,3 millones) y Aragón (202,6 millones).

Por debajo de los 200 millones, se encuentra Cantabria (180,9 millones), Asturias (153,6 millones) y Canarias (120,9 millones). Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (800 mil euros) Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3).

Asimismo, sólo dos comunidades consiguieron reducir el montante de su deuda hospitalaria en 2011 — Navarra un 51,4% y País Vasco un 28,9%–. Por el contrario, entre las regiones que más la han incrementado se encuentran Castilla-La Mancha (un 89%), Aragón (67,2%), Comunidad Valenciana (un 57,9%), Galicia (un 54,4 %), y La Rioja (un 51,4 %).

El periodo medio de pago queda establecido en 525 días, 135 más que en 2010, lo que supone un incremento del 34,6 por ciento. Hasta cuatro comunidades acumulan más de 800 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales.

La Comunidad Valenciana es la que registra una mayor demora (884 días), seguida de Baleares (848), Castilla y León (816) y Cantabria (804). Por encima de la media les siguen Andalucía (746), Castilla-La Mancha (742) y Murcia (633).

Por debajo de la medida, Asturias (476), Aragón (451), La Rioja (439), Madrid (363), Galicia (306), Cataluña (275), Canarias (220), Extremadura (161), Navarra (73), País Vasco (70) y la Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla (28).

Nuevamente Navarra y País Vasco fueron las dos únicas comunidades que redujeron su periodo medio de pago, un 50,6 y un 23,9 por ciento respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha fue la que más lo aumentó (un 91%), seguida de Aragón (66,7%), Galicia (61,1%), Comunidad Valenciana (57,7%) y Baleares (44,1%).

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El impuesto ecológico afecta principalmente a empresas de telefonía, eléctricas, gasísticas, etc., y cuyo objeto es resarcir al medio ambiente de la región de los perjuicios que le causa la instalación de antenas, torretas, conducciones, etc., también desde el punto de vista paisajístico.

Telefónica recurrió a los tribunales porque estimaba que no era deudora de esas cantidades, no porque entendiera que hubiera argumentos de fondo para oponerse a su pago, sino porque entendía que la norma sobre la que se basaba la resolución impugnada dimanaba de una norma que no estaba ajustada a la Constitución. Y es que se da la circunstancia de que la primera ley elaborada por la Junta para imponer ese impuesto, que data de 1997, fue declarada inconstitucional.

La Consejería de Industria, sin embargo, la reformó en el 2005 para adecuarla al ordenamiento jurídico y empezó a aplicarla a partir de ese momento. Dio una nueva redacción a numerosos artículos, pero no modificó el que se dedicaba a los devengos. Es precisamente esta circunstancia –es decir, la de que ese artículo procedía de una norma que fue declarada inconstitucional– la que Telefónica esgrimió para intentar convencer al tribunal de que las cantidades exigidas eran ilegales y no tenía por qué pagarlas.

El TSJEx no ha acogido ese argumento y señala que el Tribunal Constitucional ya tuvo en cuenta la reforma de la ley en su anulación de la misma y concluyó que el articulo 10, el del devengo, no era determinante en la declaración de inconstitucionalidad. En consecuencia obliga a la compañía a pagar la liquidación del impuesto correspondiente al 2006 y 2006 que la Junta le reclamaba.

Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso en casación en el Tribunal Supremo. Telefónica no manifestó ayer si la recurriría.

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